De un sótano con deshumidificador a tesoro del Estado

Leonard-PattersonDormitó durante una década al abrigo de un deshumidificador en los bajos de un chalé a las afueras de Santiago, sin más atención que la que le procuró por su propia cuenta el dueño de una empresa de mudanzas. Ningún otro cuidado para una colección precolombina de más de 1.000 piezas, única en el mundo, tasada en más de 72 millones de euros. Hasta allí la habían trasladado en 2007 los camiones de transporte encargados de retirar el tesoro amerindio expuesto durante meses en dos museos de la ciudad entre abundante aparato mediático.

Hasta que en 2007 un juzgado peruano envió una comisión rogatoria a Santiago para solicitar la devolución de parte de ese patrimonio que consideraba fruto del expolio del Cerro de La Mina, una pirámide mochica del siglo I.

Entonces trascendió la otra cara de Leonard Patterson: de mecenas desinteresado para la Xunta de Fraga que patrocinó su exposición e incluso intentó hacerse con la muestra, a presunto traficante de arte perseguido por la policía de medio mundo y desde ese mismo momento también por la fiscalía especializada en patrimonio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Intervino la Brigada de Patrimonio del Cuerpo Nacional de Policía, que a petición del fiscal Antonio Roma, inventarió la colección. Al entrar en los sótanos de Mudanzas Boquete, los agentes no tardaron en distinguir vasos mayas, máscaras olmecas, y distintas piezas de oro moche junto a atavíos funerarios de valor incalculable e incensarios aztecas. Las mismas que diez años antes habían lucido lustrosas para componer la exposición El espíritu de la América Prehispánica: 3.000 años de cultura, prolijo repaso de las distintas etapas del imperio precolombino.

Una treintena de objetos fueron devueltos a Lima en septiembre de 2007, después de que el propio Patterson, que se presentó en Santiago como propietario de la muestra, accediese a la petición del juzgado peruano. A cambio, el Gobierno de aquel país se comprometió a pagar la custodia de esa parte de la colección, más de 250.000 euros, según fuentes cercanas al caso.

Países como Panamá, México, Guatemala, Argentina, Costa Rica o El Salvador siguieron el mismo camino y las comisiones rogatorias cayeron en cascada sobre la mesa del juez decano de Santiago, Javier Míguez, encargado de instruir este caso. Tanta parafernalia procesal no evitó en abril de 2008 que un operario con acento extranjero apilase todo el flamante legado arqueológico y pusiera rumbo con su camión hacia tierras alemanas tras abonar la correspondiente factura al almacén.

La colaboración de las polícías española y germana logró inmovilizar la colección semanas después en Múnich. El fiscal comprobó entonces que ni Patterson, ni ninguna otra persona, había obtenido permiso del Ministerio de Cultura español para exportar la colección y tiró del hilo: según la ley española de Patrimonio Histórico, tras diez años de permanencia en el país, las piezas pasan a ser propiedad del Estado.

El pasado 18 de junio, tres años después de comenzar la investigación, el ministerio público pidió la apertura de juicio oral contra Leonard Patterson y elevó sus conclusiones. El fiscal le acusa de un delito de contratabando, “por haber dado órdenes” para sacar la colección del país, y pide para el acusado una pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 60 millones de euros, con una responsabilidad subsidiaria de seis meses para el caso de impago.

En su escrito, el ministerio público solicita además el comiso de las piezas “que habrán de adjudicarse al Estado español de acuerdo con los artículos 5 y de la Ley Orgánica reguladora del delito de contrabando y 26 de la Ley del Patrimonio Histórico español”. También se dirige a la Brigada de Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional de Policía para que, a través de la Interpol, identifique a los agentes de la policía germana que propone como testigos para la vista. Además propone escuchar el testimonio del propietario de Mudanzas Boquete para que refrende ante el juez si el transportista que se llevó la colección lo hizo para cumplir el encargo del propio Patterson.

Un nuncio, dos Nobel y una perito

Más que un sumario, el caso que instruye el juzgado de Santiago es propio de una novela de John Le Carré. El principal protagonista, Leonard Patterson, único acusado en esta trama, ex diplomático de carrera, que se casó con ocho mujeres distintas a lo largo de su vida ha sido investigado por la policía de medio mundo. En México por tráfico arqueológico y en Suiza por importar animales protegidos.La Unidad de Arte y Antigüedades de Scotland Yard lo relaciona con una de las joyas de la cultura precolombina: el tocado moche que fue hallado en casa de uno de sus abogados. La pieza, de oro laminado y lapislázuli, desapareció de la vivienda del coleccionista peruano Raúl Apesteguía el día en que fue brutalmente asesinado en enero de 1996. Por qué apareció en la residencia londinense del letrado de Patterson es algo que no ha sido aclarado. La primera denuncia contra él partió de un agente doble, Van Rijn, traficante arrepentido que llegó a colaborar con la policía.

Para que la colección de Patterson aterrizase en Santiago tuvo que mediar ante la Xunta y el Ayuntamiento de Santiago el entonces nuncio del Papa en España, Mario Tagliaferri. Cuando por fin se exhibió, el propio Patterson teatralizó su discurso a y confesó que fueron “los muros de Santiago” los que le llevaron a exhibirla “por primera y única vez”. Entre el público aplaudían dos premios Nobel, Oscar Arias y la líder indigenista Rigoberta Menchú.

El diario El Comercio de Perú revelaría años más tarde que no era el altruismo lo que lo movía. Según este periódico, Patterson intentó vender la muestra a la Xunta por 18 millones de euros. La operación la frustró una perito en arqueología cuando advirtió sobre el origen ilícito de las piezas.

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