Hotel Sheraton vulnera patrimonio del Perú

construccion-hotel-sheraton.cuscoLa construcción de un hotel en el centro de Cusco ha generado duras críticas del Ministerio de Cultura del Peru. El lunes último, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia ratificó una sentencia judicial a favor de que continúe la edificación del hotel, pese a estar en la calle Saphi, en una zona declarada patrimonio histórico de la ciudad.

El Ministerio de Cultura informó que ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador a la empresa inmobiliaria R y G S.A.C., a cargo de la construcción del hotel (que sería operado bajo la marca de la cadena internacional Sheraton), por haberse identificado indicios de una posible vulneración a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Según el ministerio, la inmobiliaria no habría cumplido algunos términos de la autorización municipal. Por ello, podría ser sancionada con la demolición de la obra.

El alcalde provincial de Cusco, Carlos Moscoso, explicó a El Comercio que el edificio de siete pisos y tres sótanos va en contra del plan maestro del Centro Histórico de Cusco. Este plan establece que las edificaciones modernas no pueden tener una altura mayor a dos pisos y que deben tener un 30% de áreas libres. “Esta construcción no cumple ninguna de las normativas”, afirmó.

Según Moscoso, el municipio buscará llegar a un consenso con la inmobiliaria para que el edificio cuente solo con dos pisos y los cinco pisos excedentes sean demolidos.

Licencia suspendida
La licencia de construcción del hotel fue entregada por el municipio cusqueño el 29 de diciembre del 2014, a pocos días de culminar la gestión municipal anterior.

Un año después, el 28 de diciembre del 2015, las autoridades municipales actuales declararon la nulidad de la licencia de construcción. Según fuentes de la comuna, “se observó que la construcción del hotel rompía con la armonía del lugar”.

Zoraida Pillco, procuradora de la Municipalidad Provincial de Cusco, anunció esta semana que presentará un nuevo procedimiento administrativo contra la inmobiliaria, para que se evalúe si el patrimonio ha sido afectado.

 

Fuente: El Comercio

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